Por medio de una Declaración Institucional se demanda al Gobierno Nacional y al de la Comunidad de la capital de España a que velen por el cumplimiento de las leyes en vigor con relación a la educación inclusiva garantizando el derecho a la educación igualitaria y de calidad.
El Pleno del Municipio de Móstoles ha aprobado una declaración institucional a fin de que, mediante exactamente la misma, se fomente una propuesta de ley que ponga en marcha medidas prioritarias para la promoción de la escolarización inclusiva en el campo de la educación no universitaria en la Comunidad de la capital española, ejercitando de este modo la iniciativa legislativa que proporciona a los Municipios la Ley 6/1986 de veinticinco junio.
Dicha iniciativa, además de esto, responde a una demanda ciudadana tanto de vecinos como de colectivos sociales y educativos que conforman el movimiento ciudadano por la escolarización inclusiva en la Comunidad de la capital española.
También, desde el Pleno se efectuarán las gestiones oportunas para crear una comisión formada por alcaldes o bien los representantes de cada empresa que se estimen oportunos a fin de que participen en tal iniciativa Legislativa y que esta se eleve a la Reunión de la capital española.
Por otra parte, por medio de esta Declaración, se insta y demanda al Gobierno Nacional y al de la Comunidad de la villa de Madrid a que velen por el cumplimiento de las leyes en vigor con relación a la educación inclusiva garantizando el derecho a la educación igualitaria y de calidad.
Para esto, la Declaración del Pleno mostoleño se apoya en postulados de diferentes organismos internacionales, entre ellos la UNESCO, UNICEF, ACNUR, Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas, Organización de la Naciones Unidas Mujeres y el Banco Mundial, garantes del Foro de discusión Mundial de Educación que en dos mil quince aprobó la Declaración de Incheon (Corea del S.) en la que insta a todos y cada uno de los gobiernos a que se tomen medidas «a fin de que se ande cara una educación inclusiva, con equidad y de calidad para todos, a lo largo de siempre».
Además de esto, la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad, ratificada por España en dos mil ocho, dispone que los estados «firmantes deben asegurar que las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratis, en condiciones de igualdad con el resto, en la comunidad en que vivan».
La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, dependiente del Consejo de Europa, ha detectado que los inconvenientes de la educación en España incluyen la dispar distribución del estudiantado inmigrante y gitano-romá, la existencia de escuelas «ghetto» y prácticas discriminatorias en el proceso de admisión, que dejan a los institutos concertados elegir a su estudiantado.
Estas prácticas impiden el pleno derecho a la educación de una parte significativa del estudiantado de la zona. En las grandes urbes de la Comunidad de la capital española, entre ellas Móstoles, están constatados dichos patrones de segregación entre el estudiantado más frágil. Por todo ello dicho organismo plantea a las autoridades españolas la revisión de los criterios de admisión de los pupilos en centros públicos y privados concertados y que tomen las medidas precisas para asegurar una distribución equitativa de los pupilos
