Fecha de publicación:25/06/2020 0:00

  • Para el Gobierno Local, la urgencia de la Comunidad de Madrid por disolver el organismo busca ocultar 12 años de gestión opaca e impedir un mayor control de las cuentas del consorcio.

Puerta del Altántico Móstoles pEl Gobierno de Móstoles, formado por PSOE y Podemos, rechaza la liquidación del Consorcio Urbanístico Puerta del Atlántico, que pretende de modo unilateral la Comunidad de Madrid. El desmantelamiento del ente echaría por tierra el proyecto de construcción de una plataforma de transporte y logística diseñada para convertirse en el centro de conexión del transporte de mercancías entre Madrid y el Corredor de Lisboa y clave para el desarrollo de la ciudad de Móstoles y para la creación de empleo en el municipio.

En la última junta del Consejo de Administración, se puso de manifiesto la firme intención de la Comunidad de Madrid de poner punto y final al consorcio urbanístico. El voto de calidad del presidente del ente, Mariano González Sáez, actual Viceconsejero de Medioambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, permitió que saliese adelante la propuesta de disolución, pese a la oposición de los representantes del Ayuntamiento que consideran que esta decisión debe ser negociada y producto de acuerdo.

Para el Gobierno de Móstoles, la urgencia por disolver el consorcio que muestra la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, solo busca ocultar 12 años de gestión opaca del ente e impedir que, tras la designación de nuevos representantes del actual Gobierno local, se realice un control más exhaustivo de las cuentas del organismo. Durante más de una década, los representantes designados por los exalcaldes del PP Esteban Parro y Daniel Ortiz, afines todos al Partido Popular, autorizaron la dudosa gestión del ente sin cuestionarla ni fiscalizarla.

Con esta decisión, el Partido Popular de la Comunidad de Madrid pone de manifiesto su poca fiabilidad como socio. Desmantelar el consorcio implica además dar carpetazo definitivo al proyecto de comunicación entre Móstoles y Navalcarnero, que tenía en el desarrollo urbanístico previsto en la ciudad una de sus paradas y que habría supuesto una gran mejora en la red de comunicación por vía ferroviaria de la ciudad. El proyecto ha acabado judicializado e investigado dentro de la trama de corrupción Lezo por el presunto pago de una millonaria comisión en la adjudicación de las obras del tren de Móstoles a Navalcarnero que, según la investigación, podría ascender a 1,4 millones de euros.

El Gobierno Local exige a la Comunidad de Madrid transparencia y manifiesta su total oposición a la liquidación del consorcio hasta que se esclarezcan las causas que han llevado a la ruina a este organismo durante la gestión del Partido Popular. Exige además al PP de Móstoles y a su portavoz Mirina Cortés que, por el bien de las vecinas y vecinos del municipio, se opongan a la liquidación del Consorcio Urbanístico mientras no se aclaren las cuentas.

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