Fecha de publicación:26/01/2018 0:00

  • El Municipio de Móstoles ha ratificado esta tarde la Carta de Derechos de las Personas sin Hogar, comprometiéndose de este modo en público con esta causa.
  • La urbe de Móstoles se compromete de esta manera a «respetar y proteger los derechos de las personas sin hogar, particularmente su derecho a la residencia.

Carta de Derechos de las Personas sin HogarEl Pleno de la Empresa de Móstoles ha aprobado una Declaración Institucional, presentada por los Conjuntos Socialista, IU Comunidad de la capital de España-Los Verdes, Ganar Móstoles y Popular, sobre la Carta de Derechos de las Personas sin Hogar.

Atendiendo a las recomendaciones hechas por organizaciones europeas como FEANTSA (Federación de entidades que trabajan con personas sin hogar) o bien el Observatorio europeo Housing Rights Watch, el Municipio de Móstoles ha ratificado la Carta de Derechos de las Personas sin Hogar, comprometiéndose de esta forma en público con esta causa.

En línea con los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos y con la normativa nacional, la urbe de Móstoles, asegura la Declaración Institucional, se compromete a «respetar y proteger los derechos de las personas sin hogar, particularmente su derecho a la residencia.

Además, mientras que se trabaja para lograr dicho objetivo, el «Gobierno Municipal piensa que es esencial aseverar que cada persona sin hogar tiene derecho al mismo trato que cualquier otro residente en el término municipal. A absolutamente nadie se le deberían negar derechos auxiliares por carecer de un hogar».

En particular, el compromiso de la Empresa Municipal es el de trabajar para la realización eficaz de los próximos derechos que tienen las personas sin hogar: su derecho a salir de la situación, el acceso a un alojamiento de urgencia conveniente, emplear el espacio público y moverse de manera libre dentro de él. Además de esto, el Pleno se compromete a asegurar que el personal y servicios municipales defienden el derecho a la igualdad de trato para todos, como a administrar una dirección postal eficaz, facilitar el acceso a instalaciones sanitarias básicas, el derecho a servicios de urgencia, el derecho al voto, a la protección de datos, a la privacidad y el derecho de hacer actividades precisas para la supervivencia en la ley.

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