- La defensa de la universidad pública, supone proteger el futuro de un país que produce desarrollo económico de calidad, un país generador de conocimiento, para resumir, más competitivo, libre y democrático, señala la petición.
La Empresa Municipal ha aprobado en el Pleno ordinario de Abril, una petición de los conjuntos municipales Socialista, Ganar Móstoles y también IU CM-LV, por la que muestran su apoyo a la Universidad Rey Juan Carlos y al conjunto de las universidades públicas de la Comunidad de la villa de Madrid, ante cualquier situación fraudulenta que merme su prestigio o bien vaya en menoscabo de la calidad de su oferta educativa.
La defensa de la universidad pública, supone proteger el futuro de un país que produce desarrollo económico de calidad, un país generador de conocimiento, resumiendo, más competitivo, libre y democrático, señala la petición.
Frente a las irregularidades generadas en el caso del supuesto máster de Cristina Cifuentes, «uno más de los casos de corrupción en todo cuanto rodea al Partido Popular de la Comunidad de la capital de España y que mácula la honorabilidad tanto de la URJC, como la de la universidad pública madrileña», afirma la petición, los conjuntos que subscriben exactamente la misma reclaman la necesidad de que se devuelva la dignidad a estas instituciones de las que deben sentirse orgullosos todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de la villa de Madrid.
El concejal de Cultura, Bienestar Social y Residencia, Gabriel Ortega, ha señalado que «lo peor de esta situación no es el horrible daño que se está provocando a las instituciones democráticas y a la universidad pública particularmente, sino más bien la humillación y depreciación que ha generado sobre las titulaciones de nuestros jóvenes».
«Desde acá reivindico a todos y cada uno de los jóvenes, a todo el estudiantado de la Universidad Rey Juan Carlos, y les digo que sabemos del daño que les han hecho, mas que no están solos, que el conjunto de la sociedad madrileña está tan indignada y tan abochornada como «, ha señalado Ortega.
Jessica Antolín, concejal de Desarrollo Económico, Empleo y Nuevas Tecnologías, ha indicado que la renuncia de Cristina Cifuentes no restituye toda la dignidad que se merecen ni el estudiantado, ni el profesorado, ni todos y cada uno de los madrileños y madrileñas. «Desde el instante en que se conoció este escándalo, la situación no ha hecho más que injuriar a la Universidad Pública. Deseo dar mi apoyo a todos y cada uno de los pupilos y pupilas que ahora están cursando sus estudios universitarios, pues sé el ahínco que supone para ellos y para sus familias el ir a la universidad».
«Estamos frente a una tomadura de pelo a toda la comunidad universitaria y a toda la ciudadanía, como una patentiza más, de lo poco que le importan los madrileños y madrileñas al gobierno popular de la Comunidad de la capital española que, lejos de hacer que podamos alardear de las universidades públicas, nos están abochornando con sus inciertos movimientos en la administración de sus intereses personales», ha señalado la concejal.
En base a dichos razonamientos, el Pleno de Móstoles ha instado a la Consejería de Educación a que colabore con la mayor diligencia en el esclarecimiento de las irregularidades y posibles delitos cometidos en el Máster de Derecho Público del Estado Autonómico de la URJC, y que tome las medidas que devuelvan la confianza y el respeto a los enseñantes, profesionales y estudiantes de dicha Universidad y el conjunto de las universidades públicas madrileñas. La conferencia de Rectores (CRUMA) debe hacer una declaración institucional que defienda los principios de igualdad y trasparencia en la administración de la Universidad pública madrileña. El Rector de la URJC debe efectuar una investigación en profundidad sobre lo sucedido a fin de que no tenga de nuevo lugar; asimismo pide a la URJC que anule la valía del Título de Máster expedido por esta Universidad a Cristina Cifuentes.
Por último, pide a todos y cada uno de los conjuntos parlamentarios de la Comunidad de la villa de Madrid a buscar pactos que unan acciones específicas que sirvan para situar a las instituciones en los valores de verosimilitud y dignidad que se merece la ciudadanía madrileña.
